Por: Mario Héctor Silva
Miércoles 9 marzo, 2022

- Alcalde, da luz verde a investigación
- Centro de Convenciones, la disputa
- Buscan candidato de ‘Unidad’ en Canaco
- ‘Fobaproa Legislativo’ en el Congreso
Alcalde, da luz verde a investigación
El alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar dio luz verde a la ‘requisa’ de información de los archivos y expedientes sobre las actividades de un grupo de funcionarios encabezados por su antecesor, Armando Cabada Alvídrez, que estarían presuntamente ligados a varios actos de corrupción que investiga la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.
Ayer el edil juarense, dio muestra de que su gobierno será transparente, y tras confirmar oficialmente que el gobierno estatal investiga denuncias en contra de exfuncionarios públicos, dijo que la instrucción es “que se atienda todo, espero que se haya atendido ese oficio”, dijo en relación a la solicitud formal girada por la Fiscalía para recabar datos e información que confirmaría actos de corrupción.
Descartó que exista impedimento de su parte por colaborar con la investigación en contra del exalcalde Cabada, quien es diputado
federal y representa los intereses del mismo partido político de Morena, que hoy gobierna Ciudad Juárez.
En la contratación por adjudicación directa de la empresa Castro Villarreal y Asociados, S.C., solicitada por el entonces tesorero
municipal de Juárez, Gerardo Ronquillo Chávez, al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el 21 de septiembre de
2018, y por servicios, cuyo despacho se habría embolsado 41 millones de pesos sin haber realizado la recuperación del Predial.
La otra de las denuncias le pega directamente a la empresa constructora Altozano, que habría sido privilegiada por la anterior
administración municipal para el desarrollo de vivienda en terrenos de riesgo y con un uso de suelo distinto.
Además del ex alcalde y ahora diputado federal, Armando Cabada y el tesorero Gerardo Ronquillo, aparecen en la lista de los implicados y sujetos a investigación, el ex secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, el entonces Oficial Mayor, Víctor Manuel Ortega y la regidora y coordinadora de la Comisión de Hacienda en el Cabildo, María del Rosario Valadez.
Ayer comentamos en Torre Fuerte que un grupo de empresarios de Juárez tendrían interés en que se ajustaran cuentas al expresidente municipal y a su gobierno, pero el asunto va mas allá, debido al interés de otras agrupaciones de la sociedad civil que desde hace meses denunciaron presuntas irregularidades y actos de corrupción.
“La sociedad civil también exige cuentas”, dijo una de las voces de los grupos que demandaron justicia y transparencia en el gobierno
municipal.
Ante los reporteros de la fuente, y al ser cuestionado sobre la solicitud de investigación girada el pasado 24 de febrero, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar comentó que es obligación del gobierno proporcionar cualquier información que se les solicite, independientemente de la Administración que corresponda.
“Nosotros tenemos una obligación legal, es una responsabilidad que tenemos de responder a cualquier requerimiento que nos hagan las autoridades de fiscalización, siempre y cuando sus requerimientos estén dentro de sus facultades. No es un tema a favor o en contra de una persona, es una obligación legal”, expresó categórico el presidente municipal.
La Secretaria del Ayuntamiento confirmó que el gobierno recibió el oficio de solicitud hecha por parte de la Fiscalía y dirigida al presidente municipal.
Su titular, Héctor Ortiz Orpinel, no fue tan expresivo en sus respuestas, y dijo que se atienden todas las exigencias y peticiones
de los órganos de fiscalización que auditan al gobierno.
El legislador federal enfrentaría un cúmulo de denuncias que tiene en su poder la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía
Anticorrupción, cuya carpeta de investigación número 19-2020-17207, incluyen en actos de “corrupción” a varios de sus más cercanos
colaboradores en la administración 2018-2021.
Habrá que esperar por una parte la respuesta del exalcalde y el posicionamiento también en el Congreso del Estado, donde afirman que los verdaderos morenistas, de no haber ‘línea’ del partido a nivel nacional, dejarían correr la bola para que el gobierno investigue
todos los pormenores de las denuncias.
Algunas de ellas planteadas en su momento por la ex síndica y hoy diputada local, Leticia Ortega Máynez que tiene la película completa de lo sucedido en la administración municipal 2018-2021.

Centro de Convenciones, la disputa
El posicionamiento público de un grupo de empresarios encabezados por Alejandra de la Vega Arizpe, ex secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del gobierno de Chihuahua en el quinquenio del ex gobernador Javier Corral, confirmó el permanente conflicto de interés que la funcionaria mantuvo sobre el megaproyecto del Centro de Exposiciones y Convenciones en terrenos del parque de ‘El Chamizal’.
Pero en medio de esa disputa por la ejecución y construcción del Centro de Exposiciones, y el rechazo a los malos manejos financieros
por parte de algunos de los interesados empresarios y aliados a la ex titular de Desarrollo Económico, prevalece la opacidad de los informes y la última auditoría que habría ordenado realizar la ex presidenta de Coparmex, Lupita de la Vega Arizpe –hermana de Alejandra-, durante la gestión de gobierno de César Duarte Jáquez.
El último ex gobernador emanado del PRI, privilegió a la hija menor del finado empresario Federico de la Vega Matthews, en el evento del ‘Pueblito Mexicano’, en el cual el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció la concesión y entrega de los recursos federales provenientes de los puentes internacionales a favor de Ciudad Juárez.
Se puede presumir, que desde entonces, y solo por los hechos que hoy saltan a la vista, Alejandra de la Vega manipuló durante su gestión como funcionaria de Desarrollo Económico en el gobierno de Javier Corral, un millonario proyecto está diseñado también para la construcción de hoteles, restaurantes, tiendas y lugares de esparcimiento sobre la franja del Chamizal que corre paralela al Río Bravo.
Se beneficiará directamente el negocio del futbol y el club Bravos de Juárez, que es propiedad, también casualmente, de la millonaria
empresaria juarense radicada en El Paso, Texas.
Hoy, dicen algunos de sus detractores, resulta ofensivo que un grupo de empresarios que mayormente residen en El Paso, quieran mantener la rectoría del proyecto del Centro de Exposiciones y Convenciones, y en cuya lista aparecen empresarios incondicionales de Alejandra de la Vega y de los ex gobernadores Francisco Barrio y Javier Corral.
Carlos Murguía Chávez; Guadalupe de la Vega Arizpe; Eduardo Romero Ramos; Eduardo Orozco; Ernesto Ávila Rodríguez; Federico Barrio Ramírez; Federico y Juan Carlos Talavera Noriega; Javier Gómez Ito,; Jesús, Luis y Alejandro Díaz Villalobos; Jorge de Hoyos Walther; José Luis Gutiérrez Juárez;
José Mario Sánchez Soledad; Juan Carlos Sapien de Anda; Laura Ochoa Bermúdez; Miguel Zaragoza Fuentes; Octavio Muñoz Corral; Patricia Zaragoza; Pablo Cuarón Galindo; Pablo Cuarón Fernández; Arturo Gómez Ito; Guillermo Álvarez Terrazas y César Ochoa Reyes y Miguel Fernández Iturriza, entre la crema y nata de la sociedad paseña-juarense, que meten las manos al ‘fuego’ por el proyecto del Centro de Exposiciones y Convenciones que empujan Pita y Alejandra.
La firma de un ‘cheque en blanco’ para el desarrollo del proyecto del Centro de Exposiciones y Convenciones y del Fideicomiso, que se
ejecuta en el corredor ‘Bertha Chiu’ en la zona del Chamizal.
Una élite de empresarios que viven en El Paso, dedicados a la industria restaurantera, al comercio y a los servicios, que van por el ‘filón de oro’ en una controvertida área del parque ‘El Chamizal’.

Buscan candidato de ‘Unidad’ en Canaco
Los pronósticos sobre el ‘elegido’ a la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio en la ciudad de Chihuahua dieron un sorpresivo
vuelco, y hoy las apuestas están a favor del candidato Omar Javier Armendáriz Jurado, por encima de Fernando Mares. Políticamente, además de la ganadera (URGCH), otra posición de poder y elección que perdería ante sus adversarios políticos, el ex gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García.
En la última intrincada, un grupo de empresarios del llamado G7, en el que participan Sergio Mares –hermano de Fernando-, Eloy Vallina y Federico Terrazas se habrían jugado sus últimas cartas ante la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante la presunción de que los empresarios aliados al poder quieren un candidato de “unidad”.
Como sucedió en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde Federico Baeza se impuso a Miguel Guerrero, y como ocurrió también en la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, donde la candidatura surgida de Álvaro Bustillos hizo tronar a Lalo Prieto. Omar asegura que cuenta con el respaldo del 95 por ciento de los consejeros y el 90 por ciento de los presidentes de las secciones
especializadas de la cámara.
Los aliados de Omar han hecho un trabajo quirúrgico para recomponer un mal inicio en la carrera por la sucesión que le disputa Fernando Mares, de quien se afirma, que además de ser el ‘gallo’ de Patricio, batea para intereses identificados con el gobierno de la cuarta transformación.
Que en el corazón Fernando, es morenista. Eso dicen allá en Chihuahua. Cierto que entre algunos empresarios y comerciantes existe
desconcierto en torno a los movimientos del presidente de Canaco, Edibray Gómez.
La única línea que se ha mandado es que ninguno de los ex presidentes debe meterse a la contienda del próximo día 31 de marzo.
Por ahora Omar Armendáriz acelera su actividad proselitista.
Se considera con merecimientos por haber iniciado desde abajo, desde “cero”’ en la Cámara de Comercio de la capital y desde entonces han transcurrido ocho años. Armendáriz ha presidido la Sección Especializada de Restaurantes, después dirigió todas las Secciones Especializadas;
Coordinaba a los 33 presidentes de sección en Canaco Chihuahua, dando como resultado “buenos engranajes en cuanto a los servicios a los socios”. Todo lo anterior durante la gestión del expresidente Carlos Fierro.
Luego, con la elección de Edibray, (actual presidente), ocupó la vicepresidencia general de Canaco Chihuahua, y es llamado a convertirse en el primer presidente de la cámara que trae una carrera desde “abajo” y a la cual un día llegó como socio voluntario.
“Conocemos la cámara, conocemos las políticas, los estatutos, sabemos de qué se trata, cuál es el objeto de la Canaco”, dijo recientemente el aspirante a la presidencia de ese organismo en la capital.

‘Fobaproa Legislativo’ en el Congreso
Tómelo con la reserva del caso. El Congreso del Estado ha decidido entrar al ‘rescate financiero’ de los diputados que fueron ‘pillados’
por funcionarios panistas en la sexagésima sexta legislatura.
Es para no creerse, pero la información que ha trascendido con relación a que tres diputados del PAN, tres de Morena y el ex líder de
Nueva Alianza, recibirán el pago del dinero que les fue robado en el controvertido Fondo de Ahorro, con recursos que incluso estaban
etiquetados para otro destino, ha dejado a muchos ‘congelados’ por la virtud y la gracia del nuevo gobierno y del principal operador, el diputado local Mario Vázquez Robles.
Le van a meter dinero público para cubrir los escándalos sucedidos en la anterior legislatura del Congreso de Chihuahua, cuya
responsabilidad financiera, administrativa y política, hablando en plata, solo recaía en dos personajes centrales: Jorge Issa González y
el diputado, Fernando Álvarez Monje.
Es, guardando las comparaciones y posibles similitudes lo más parecido a un ‘Fobaproa legislativo’ en el Congreso del estado de Chihuahua, y se entregarán 200 mil pesos a cada diputado para cumplir con las maniobras de ‘rescate’.
Los siete diputados beneficiados están comprometidos políticamente y tendrán que aplaudirle a rabiar al ex coordinador del Grupo
Parlamentario del PAN y operador del ex gobernador de Chihuahua, Fernando Álvarez, que ‘haiga sido como haiga sido’, sigue contando con la venia y ‘gracia’ del gobierno, y la amistad jurada del también ex presidente del PAN estatal, Mario Vázquez.
Los beneficiados son los panistas Blanca Gámez, Jorge Soto y Marisela Terrazas, los morenistas Humberto Chávez, Gustavo de la Rosa y Francis Mendoza y René Frías del Partido Nueva Alianza.
