Dr. Eduardo Borunda
Uno de los temas de mayor atención para la clase política y los medios de comunicación fue sin dudas el referente a la consulta sobre si debían ser enjuiciados los ex – presidentes de México. La consulta, fue un tema de discusión años atrás, la misma es amorfa en su contenido de la única pregunta que se hizo y que desgraciadamente tiene o ha sido mal informada con fines políticos. La pregunta, de la cual ya hemos tratado el tema, nunca menciona el nombre de los expresidentes, y ni siquiera usa el vocablo “Expresidente”.
La consulta es inoperante, ya que, si bien se ha dicho, pudo haber (sin dudas los hubo) excesos en el abuso de poder, la discrecionalidad en la aplicación de la ley no debe ser tan discrecional, debe aplicarse, buscando hacer justicia y reparar los daños causados a terceros. La consulta en sí, busca preguntar si deben juzgarse a los “actores”, sin señalar expresamente a quién. En tal sentido, queda abierta la posibilidad de juzgar a cualquier funcionario público, sin importar su origen político, con la intención de que los derechos humanos violados sean resarcidos.
La respuesta es tan obvia, no podemos estar en contra de la justicia, de la aplicación de la ley, así como tampoco podemos estar en contra del estado de derecho que nos hace ser una nación o país de instituciones donde se debe respetar la vida de los seres humanos. Por ello la pregunta es en primer momento inoperante, ni siquiera se debería de haber preguntado a los ciudadanos si querían que se aplique la ley.
¿Por qué no será vinculante la consulta? Muy simple, la consulta debe tener de acuerdo a ese estado de derecho que hemos aludido una participación mínima del 40%. Lo cual será difícilmente posible de alcanzar, ya que las tasas de participación a nivel nacional en procesos electorales ordinarios no es elevada. La consulta es importante en procesos ciudadanos y como forma de participación ciudadana tiene un alto valor para la democracia, pero el tema no es de envergadura notable.
Las consultas ciudadanas son un notable paso para la democracia, sin embargo, hay que ser sensatos, no abusar de ellas o bien plantear claridad en la misma consulta, porque los costos de llevar a cabo cada una de ellas son significativamente altos y más cuando no hay interés de los ciudadanos en participar en temas que no son atractivos.
La consulta, como forma de participación ciudadana frente a las decisiones y acciones de los gobiernos son buenas, es el mejor ejemplo del ejercicio de una democracia plena, incluso, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó foros de información y debate sobre el tema y se explicó el tema a profundidad sobre la pregunta: ¿ Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Otra situación que es predecible, es la respuesta. Seguramente fue mayoritariamente un sí a que se juzgue a esos actores que en caso de haber violado los derechos humanos deberán pagar los costos de sus actos. Sin embargo, se necesitaría una participación de más del 40% de los ciudadanos, de no ser así, será una derrota más al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su equipo.
En síntesis, la consulta ciudadana es una forma de participación que debemos aprovechar los ciudadanos, estamos en contra de la violación de los derechos humanos (incluyendo la vida), si al castigo ejemplar de quienes violen la ley, del pasado y del presente. En lo que no debemos transigir es en una manipulación política de las consultas para lavarse las manos, para no ejercer sus obligaciones y para dejar a un lado la aplicación de la ley, midiendo con varas diferentes a los amigos del régimen y a sus adversarios. La justicia debe ser ciega, en este caso y en particular con esta consulta, hay dudas razonables para decir que hubo mano negra para desvirtuar la atención ciudadana de temas de gran calado y no una simple y banal pregunta en la que la lógica se impone como un deber cívico la aplicación de la ley.