Por: Mario Héctor Silva
Fernando Alvarez Monje, exdiputado
TORRE FUERTE
El expediente ‘clasificado’ de ASE
El ‘oscuro’ pasado, persigue a Norma Deirdré Bazán
Joaquín Sotelo y Lucha Castro, implicaciones de fondo
Ernesto Mendoza es precandidato, quiere el PRI estatal
El expediente ‘clasificado’ de ASE
El grueso expediente con información ‘clasificada’ o ‘reservada’ que recibió la diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez, presidenta de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado, por parte de la Auditoria Superior del Estado (ASE) resultó ser una ‘bomba’ expansiva de pronóstico reservado entre múltiples personajes del mundillo político, tras el asesinato de Luis René Villarreal.
La reciente separación, apenas anoche, como integrante del gobierno de María Eugenia Campos Galván por parte del exdiputado Roberto ‘El Pony’ Lara como titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) en la capital del estado, para que se realicen “las investigaciones del caso”, apunta a que la gobernadora tendrá que limpiar otro batidero surgido en el gobierno de su antecesor, Javier Corral Jurado.
Fernando Álvarez Monje, el ‘pastor’ del Grupo Parlamentario del PAN en la sexagésima sexta legislatura tiene mucho que explicar en torno al espinoso caso relacionado con el fraude que ya dejó un horrendo asesinato, la negacion y el deslinde de algunos presuntos involucrados y la separación ‘voluntaria’ del Pony Lara.
Álvarez era el hombre en quien el gobierno de Javier Corral había depositado la confianza para todo el manejo político y administrativo del Congreso del Estado. Y todo es todo…
No terminan las ‘sorpresitas’ y la ‘herencia’ del exmandatario estatal de Chihuahua, en un asunto que indiscutiblemente tendrá que ser resuelto de cabo a rabo, para evitar todo tipo de suspicacias, por parte del Fiscal General, Roberto Fierro quien ya tiene todos los detalles y la información de la operación de presunto fraude cometido en perjuicio de los diputados de la 66 legislatura del Congreso del Estado.
El informe de presunta responsabilidad administrativa en los expedientes del ASE de la Coordinación de Investigaciones de ese órgano en la entidad, para su promoción ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) o la autoridad competente para la sanción de los servidores públicos vinculados, en un presunto delito de “desvío de recursos públicos” y “abuso de funciones”;
Pone en claro que, desde el interior del Congreso, los presuntos responsables de la unidad administrativa del Poder Legislativo autorizaron las transferencias de dinero ($4,846,596.00) a favor de personas físicas de cuentas bancarias contratadas con el Grupo Financiero BANORTE.
En un asunto que se supone, alcanza el liderazgo de los diputados del PAN en esa legislatura, a quien se confió la responsabilidad de todo el manejo administrativo y político del Congreso, y quien es, también, corresponsable de los errores y omisiones cometidos por los subalternos en el desaseado manejo administrativo que le ha estallado al actual gobierno de Chihuahua.
Nadie cree que la gobernadora Maru Campos, por mucho cariño y empatía que tenga con algunos prominentes personajes políticos del PAN en la entidad, vaya a querer cargar con los ‘muertitos’ que le han dejado en el escenario, tras los hallazgos del presunto fraude en los expedientes de las cuentas públicas del Congreso del Estado, del órgano que dirige Héctor Acosta Félix.
Todos los detalles del reporte de operaciones de la Auditoría que pone en jaque a un grupo de exfuncionarios del Congreso del Estado, y que alcanzaría incluso a exdiputados por negligencia o por presunta complicidad, en el entramado político del gobierno y del Partido Acción Nacional.
La presunta comisión de hechos delictivos por parte de “particulares” que recibieron recursos no justificados, ni comprobados, por la cantidad de 4.8 millones de pesos a través de la cuenta bancaria de Banorte sacude a la clase política de Chihuahua.
Se presume empero, que hay mayores irregularidades en el manejo financiero.
Le vendría bien al panismo del estado de Chihuahua una buena ‘purga’ de sus prominentes miembros, por el bien del instituto político y por el bien del gobierno que ahora encabeza Maru Campos, quien definitivamente no tiene responsabilidad en la ‘herencia’ dejada por parte de los diputados que formaron parte del séquito de Javier Corral.
Es una historia que lejos de concluir, debe poner en relieve, y al costo político que sea necesario, la podredumbre de varios prominentes panistas en Chihuahua.
Y la gobernadora Maru Campos, como líder del panismo del estado de Chihuahua, no tiene mayor margen de maniobra.
Ella misma (Maru), tiene la urgencia de deslindar responsabilidades, y que sea la Fiscalía General del Estado quien haga caer el peso de la ley para sancionar a los verdaderos culpables.
El pasado, persigue a Norma Deirdré
En breves días, la exadministradora de la Aduana Fronteriza, la académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Norma Deirdré Bazán Mayagoitia, recibirá la notificación de una denuncia penal en su contra por “daños y perjuicios”, luego de la sentencia emitida en el Juicio de Nulidad 2023/20 04-01-7 de la Sala Regional del Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Ese órgano judicial declaró nulidad del expediente número 800-ARA0712000106 y la devolución de la mercancía incautada de 1,315 neumáticos usados a la empresa Unión Ecológica, incluido un crédito fiscal de 150 mil 342 pesos con 56 centavos que le fue impuesto como sanción, que pone en perspectiva el “abuso” y la “corrupción” de la extitular de la Aduana Fronteriza.
El gobierno le regresó las llantas al dirigente de la Unión Ecológica, Héctor Ortiz Armijo, en las instalaciones del ‘Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado’ de la calle Neptuno en el Complejo Industrial Zaragoza.
Las denuncias de Ortiz Armijo, a quien la profesora y administradora por ‘accidente’ de la Aduana, vio ‘chiquito’ y ‘orejón’, y a quien subestimó, e incluso su equipo amenazó hace dos años por ventilar los asuntos de corrupción en esa entidad del gobierno, ha puesto sobre la mesa las irregularidades, abusos y presuntos delitos cometidos por Norma Deirdré Bazán;
Es apenas, la punta del ‘iceberg’ de muchos otros casos denunciados y que alcanzan todavía mayor repercusión y la participación de personajes como Roberto Vera y Federico Anaya, y de un grupo de exfuncionarios y exservidores públicos incondicionales y de gente que ajena a la Aduana, estuvo operando el ‘monstruo’ de la corrupción.
Ayer el dirigente de la empresa Unión Ecológica S.A de C.V., dio apenas el primer trancazo para exhibir y ‘desnudar’ manejo y abusos por parte de la exadministradora de la Aduana, en una sentencia recién emitida después de dos años de litigio en los tribunales.
“Venimos a exhibir la sentencia a nuestro favor y señalar su arbitrariedad”, dijo Ortiz refiriéndose la entonces administradora de la Aduana.
La Aduana ha hecho ya la entrega y devolución de 1,315 llantas y en breve le regresará a la empresa 150 mil 342 pesos que fueron cubiertos en el pago del crédito fiscal.
La denuncia penal por “daños y perjuicios” en contra de la exadministradora será presentada esta misma semana, y arrastra con ella, a varios de sus incondicionales colaboradores.
La exposición de los hechos y de la resolución judicial presentada por Héctor Ortiz, a escasos días de la visita que realizará a Ciudad Juárez el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no pudo tener mejor momento.
Extraoficialmente, el Ejecutivo Federal abordará el caso de las Aduanas, y se dice que personalmente le será entregada la información de varias denuncias sobre hechos de corrupción que involucran a la maestra Norma Deirdré Bazán Mayagoitia.
Quién sabe si la maestra siga en el buen ánimo del titular de la Administración General de Aduanas (AGA), Horacio Duarte Olivares o de la actual Secretaria del Bienestar Social, la exdiputada federal, Ariadna Montiel Reyes, ahora que se sabe, es más poderosa, aspira políticamente a una gubernatura, y tiene un entendimiento muy distinto con el actual delegado del estado de Chihuahua, Juan Carlos Loera, a quien hace algunos meses mantenía ‘intocable’ y con todo el apoyo desde el epicentro del poder político en la capital del país.
Desde hace varios meses, la relación política y profesional de uno y otro, es distinta y distante, y quien sabe si todavía alcance para proteger a la maestra Norma Deirdre Bazán y a su esposo, el policía federal, Omar Bolado, otro de los múltiples involucrados en la corrupción de la Aduana.
Joaquín y Lucha, implicaciones de fondo
Aunque a distancia, y por mandato judicial pareciera simple el regreso de Joaquín Sotelo Mesta a la coordinación del Consejo de la Judicatura en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), existen otras aristas en el entramado político que han obligado al gobierno de Chihuahua a tomar las cosas con calma y previsión;
Porque el caso Sotelo, implica otro ramaje de gran envergadura en la presunta operación de irregularidades instrumentada por la entonces exconsejera Lucha Castro, aliada del exgobernador Javier Corral, que llevó a Mesta Sotelo a promover un juicio de amparo (56/2021-1) en contra de la resolución incidental del Juzgado Primero de Distrito en Chihuahua, quien cuenta con una medida cautelar de suspensión de labores como consejero.
Eso también devino en la resolución planteada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, que resolvió entregar el cargo de la judicatura estatal como suplente de Luis Abelardo Valenzuela Holguín, en tanto se resolvía la situación jurídica de Sotelo.
Hasta allí, aparentemente ninguna complejidad.
Pero las implicaciones de fondo, dicen, es suficiente para entender la decisión del recurso de revisión que habría presentado la presidenta del TSJE, Myriam Hernández.
En el contexto subyacen algunos aspectos que son insoslayables:
La extitular del Consejo de la Judicatura de Chihuahua, Luz Estela Castro, fue señalada presuntamente por favorecer a ciertos jueces nominados, alterando los resultados, que casualmente “se extraviaron” y no hubo forma de comprobar el debido proceso del concurso.
En junio de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió sobreseer el caso de juicio de amparo que promovieron jueces provisionales para permanecer en su cargo y no ser sustituidos.
Los magistrados, por unanimidad, resolvieron dejar sin efecto la petición de juicio de amparo que previamente les fue aceptado por una juez de Distrito en Chihuahua, quien había ordenado remover a 56 jueces “palomeados’ por la Judicatura del Estado, y reponer todo el proceso de aquella elección.
Además, quién creerá que el exdiputado local, Abelardo ‘El Bayo’ Valenzuela llegó a la coordinación del Consejo de la Judicatura para ser desplazado al cabo de algunos pocos meses. Nada de eso.
El ‘Bayo’, según ha trascendido, es el artífice de la reconstrucción del Poder Judicial en el gobierno de Maru Campos, por lo que difícilmente podrá ser removido del cargo en la voluntad del nuevo gobierno que busca limpiar la ‘casa’ del Poder Judicial de Chihuahua. ‘
Es pieza importante en el bagaje de movimientos que realiza el gobierno.
Ya se verá la mano y el interés del gobierno por renovar y alcanzar otros objetivos en el desaseado manejo del Poder Judicial durante el gobierno de Javier Corral, y por consecuencia también, del gobierno del priísta, César Duarte Jáquez.
Como dijo el actor Anthony Quinn, “si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría”.
Hay mayores implicaciones en el asunto, y rebasan por mucho la ‘voluntad’ de una buena negociación política o el cumplimiento de una sentencia legal en favor de Joaquín Sotelo.
No le va a ir mal a Sotelo, pero tendrá que aguantar vara…
Ernesto Mendoza, quiere el PRI estatal
Unidad y Participación, agrupación política de Ciudad Juárez, adherida al Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya tiene candidato a la dirigencia estatal de ese partido político.
Su nombre es Ernesto Mendoza Viveros, expresidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez durante el gobierno de Reyes Baeza, quien ha levantado la mano para buscar la dirigencia y quien será registrado para participar en la lucha interna del partidazo en el proceso de renovación de ese instituto político.
Originario de Michoacán, pero residente en Ciudad Juárez desde hace varias décadas, y también extitular de obras públicas en el gobierno del finado exalcalde Jesús Macías Delgado, es visto como un auténtico y legítimo aspirante que podría representar los intereses de los priistas de la frontera en el Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua.
Hay la presunción de algunas alianzas y de respaldo político fuerte en torno a Mendoza Viveros desde la capital, cuya aspiración seguramente removerá el avispero de la clase política.
Ya sabremos pronto el peso específico, los verdaderos alcances y con quien cuenta Ernesto Mendoza, presidente actual de Unidad y Participación, para atreverse a levantar la mano por la dirigencia estatal del PRI.
Se supone que la aspiración del exjefe de la JMAS no estaba ‘presupuestada’ en la sucesión del partido en Chihuahua, pero, por alguna buena razón, ya animaron a Mendoza a participar en la lucha interna por la dirigencia de ese instituto político.
Ya sabremos cual es la mano que mece la cuna.