Opinión

TORRE FUERTE

• Empresarios, siempre dispuestos
• Caso Korrodi, en estado de impunidad
• Promueven amparo para el César…
• Aldonza González, por proyecto político
• Bienestar Social, se deslinda de fraudes

 Empresarios, siempre dispuestos

Los ejecutivos y algunos que otros hombres de negocios juarenses, especialmente esos agremiados a las cámaras empresariales, llámense Canacintra, Canaco, Cmic, entre otros organismos, incluyendo el mismísimo Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez (CCEJ), siguen ‘castrados’ social y políticamente.

Han sido y siguen siendo desde tiempos inmemoriales, tipos siempre dispuestos, más que a exigir, a colaborar con los gobiernos en turno.

Suelen ser muy viriles y levantar la voz cuando el daño está hecho y las pérdidas, en este caso humanas -por los hechos de la múltiple ejecución registrada el pasado viernes en un restaurante-franquicia de Juárez-, pasan a la contabilidad y al registro de los homicidios, que también cuentan dentro de los llamados ‘datos duros’, por cierto, los empresarios que participan en la Mesa de Seguridad y el famoso Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC).

Y uno de ese ‘linaje’, de la casta o élite empresarial, lleva el nombre de Jorge Contreras Fornelli.

El empresario ‘sobreviviente’ del duartismo, que una y otra vez ha sido señalado con índice de ‘fuego’ por la opacidad financiera y los presuntos malos manejos del Fideicomiso que fue armado y dio ‘vida’, el Congreso del Estado durante la administración del ex gobernador priísta de Chihuahua, César Duarte;

Para que recursos y aportaciones de los empresarios -vía Impuesto Sobre Nóminas (ISN)-, pasarán por un organismo del sector privado: Desarrollo Económico de Juárez (DEJ), el fideicomitente encargado de administrar y triangular cientos de millones de pesos anuales a organizaciones civiles que, en el papel, se supone, se dedicarán a las tareas para la prevención de la violencia y a reducir los índices delictivos en favor de todo el estado de Chihuahua.

Los resultados de esa millonaria inversión a través del Ficosec, a final de cuentas, son todos negativos.

Los magros resultados en el manejo de cientos de millones de pesos, sin incluir la opacidad financiera en la administración de los recursos, no le alcanzan al Fideicomiso mismo para mantenerse de ‘pie’, entre las muchas inconsistencias y falta de resultados que fueron previstos en las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en los expedientes de 2014 y 2015.

Que se atribuyen para la ‘perra’ suerte de los ciudadanos, a la presunta responsabilidad del nuevamente presidente del Fideicomiso para la Competitividad Ciudadana, Jorge Contreras Fornelli, el hombre que desde aquella media mañana en la presentación del gabinete del gobierno del panista, Javier Corral en el Museo de la Ex Aduana Fronteriza a finales de 2016, fue protegido por el entonces mandatario estatal.

El gobernador incluyó en su equipo a la empresaria Alejandra de la Vega Arizpe, ‘hada madrina’, del otrora testaferro, y empleado alguna vez, por cierto, del padre de la poderosa y millonaria empresaria juarense.

Ella (Alejandra), fue el ‘seguro’ de Jorge Contreras, para evitar el colapso de una mala administración de los recursos, y la presunción de que muchos millones de pesos no tuvieran siquiera soporte fiscal en las cuentas y manejos del Fideicomiso.

La presunción y sospecha fue siempre, desde entonces, que Jorge Contreras Fornelli, ahora de nuevo, flamante presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, se había “chingado” muchos millones de pesos.

Y esa es una historia que cuentan incluso, los mismos empresarios juarenses.

Todo lo anterior, es sólo el contexto de la historia reciente que vincula y hace cómplice a los empresarios con el gobierno, para explicar ahora cómo los directivos y hombres de negocios y afiliados de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) que preside el buen Jesús Manuel Salayandía, y representantes de otros organismos, se quieren ‘cortar las venas’ para fustigar con ‘manotazos’ sobre la mesa y sentimientos de ‘coraje’, la incapacidad del gobierno para enfrentar la creciente ola de homicidios y otros delitos en Ciudad Juárez.

Cierto, que nada dicen en lo absoluto con referencia al ‘papelazo’ de los ‘suyos’ en el FICOSEC y en la Mesa de Seguridad.

La exigencia de los representantes del empresariado es como el llamado a ‘misa’.

Piden actuar en contra de los delincuentes, para que los atrapen y los castiguen y que termine la impunidad;

Pero, no exigen por igual, que cuando menos se haga una depuración de los empresarios que participan y han sido ‘cómplices’ del gobierno, y que se realice una investigación de fondo.

Los empresarios no quieren darse cuenta que el problema de todos los males y la ausencia de ‘calidad moral’ de tan connotada y poderosa clase social frente a los problemas de seguridad y violencia en Ciudad Juárez, son ellos mismos, los empresarios.

 

Caso Korrodi, en estado de impunidad

El 16 de noviembre de 2018, el empresario de Tamaulipas, Lino Korrodi Cruz, conocido en el ‘mundillo’ de la grilla, por ser uno de los principales artífices de la organización ‘Amigos de Fox’, que llevó a Vicente Fox, entonces empresario y candidato del PAN a la presidencia de la República en 2000, denunció la complicidad de los poderes Ejecutivo y Judicial.

Gobernaba Javier Corral, a quien, en más de una ocasión, pidió interviniera para dar solución a una denuncia que paró en los tribunales de Chihuahua y en la Ciudad de México, relacionada con el proceso judicial en contra de Fernando Baeza Gómez, el hijo del ex gobernador Fernando Baeza Meléndez, por la falta de manutención a su hija Stephania Korrodi, y a las nietas que entonces, hace poco más de ocho años, habían nacido: Fernanda e Isabel Baeza Korrodi.

Sí, ciertamente, era ya un asunto delicado y de escándalo en las emparentadas familias políticas, de un largo proceso judicial que ha transitado desde finales de la administración del ex gobernador César Duarte y Javier Corral, y que sigue varado en el gobierno de María Eugenia Campos.

Es decir, tres gobiernos del PRI y del PAN sin justicia para las nietas de Fernando Baeza y Lino Korrodi, que por ahora mantienen ese proceso en el limbo ‘judicial’.

Literalmente un “infierno” en vida para la nuera y las nietas de Don Fernando Baeza, que no da su brazo a torcer en los tribunales, y cuyo caso parece condenado a la impunidad, en medio de los entuertos legales y los señalamientos y acusaciones de protección de los gobiernos de Chihuahua para favorecer al ex gobernador y político priísta, considerado todavía el “jefe de la mafia política” de Chihuahua.

Ninguno tan duro como él (Fernando), desde que gobernaba Chihuahua, Oscar Flores.

Las denuncias sobre la falta de manutención, y de violencia y maltrato en contra de la hija de Korrodi y las nietas de los dos políticos, en miles de fojas de los expedientes en los tribunales del país.

Junto con el exmandatario estatal, Fernando Baeza, han sido señalados también sus hijos, Fernando y Eduardo Baeza Gómez.

Y fustigados por igual, los magistrados del Poder Judicial de Chihuahua, de quienes dijo alguna vez Korrodi, que estaban “arrodillados” bajo las órdenes de Corral y de los Baeza.

En la lista negra, de los “culpables” de Lino Korrodi, aparecen también, el ex fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, el ex secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles y varios magistrados del Poder Judicial, que han sido acusados de “violentar la Constitución”, de ofrecer “impunidad” y de bloquear las demandas judiciales que a lo largo de varios años han sido interpuestas en los tribunales locales.  

Hace cuatro años, Korrodi calificó como “absurdo” e “increíble”, que después de haber ganado en Delicias, Chihuahua -la tierra de los Baeza-, una denuncia que habían presentado por despojo, por intervención de un magistrado, se haya vuelto a abrir el proceso durante la administración del ex gobernador con el argumento más “imbécil”, dizque por razones humanitarias y para estudiar más a fondo el caso y no perjudicar a la víctima.

El magistrado Juan Rodríguez Zubiate fue señalado como intermediario de una presunta operación de extorsión que le endilgaron al ex gobernador Javier Corral por la cantidad de 2 millones de pesos.

 

Promueven amparo para César…

No me lo crea, pero el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, tiene un pie afuera de la prisión, para enfrentar el proceso de justicia en entera libertad.

Después del auto de vinculación a proceso, empieza a caminar la ofensiva legal de la defensa del ex gobernador inculpado.

Cosa de formalismos y de tiempos, luego de la promoción presentada por la defensa, que solicitó hace unos cuantos días, una demanda de amparo a favor del ex gobernador de Chihuahua, la cual tendrá, una vez admitida la demanda en los tribunales federales, una resolución el próximo 26 de julio.

La demanda planteada es en contra de la “prisión preventiva justificada” que se le impuso al ex mandatario de Chihuahua, por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Y tiene como objetivo que Duarte pueda llevar su proceso penal en libertad, o con una medida cautelar diferente al internamiento en el centro penitenciario de Aquiles Serdán en la capital.

Vendrán noticias sobre el caso Duarte en los próximos días. La demanda ya fue planteada y el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, cree que las cosas van por buen camino. Conforme a lo planeado.

“Presente el amparo, está admitida la demanda y eventualmente el juez emitirá una resolución; amparándonos o no, apenas empieza el trámite. El juez pedirá informes a los jueces de control que dio la medida y se analiza si la medida a la luz de la Constitución es, o no, constitucional para emitir su sentencia”, dijo el abogado a los medios.

Se supone que el ex gobernador priísta de Chihuahua tendrá que permanecer en prisión preventiva durante el tiempo que duren las investigaciones, pero la ley es la ley…

En la audiencia del pasado 6 de junio, es decir hace dos semanas, se explicó con ‘bolas’ y ‘palitos’ como entre los años 2011 y 2014, cuando Duarte fungía como gobernador de Chihuahua, y en supuesto acuerdo con funcionarios y otros actores no identificados, desviaron recursos del patrimonio estatal una cantidad que asciende a los 96 millones 685 mil pesos con 253 pesos.

Dinero que se había depositado en cuentas pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y estaban destinados exclusivamente a fines públicos.

Pero la ‘yuca’ le cayó al ex gobernador de Chihuahua.

 

Aldonza González, por proyecto político

De ‘manteles largos’ en la Organización Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI), que dirige a nivel estatal, Aldonza González Amador, la hija de Lorenzo ‘El chato’ González Lechuga, un activo político en el equipo del ex alcalde de Juárez, Manuel Quevedo Reyes.

Ayer Aldonza, con la presencia de la dirigente nacional de la organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Monserrat Alicia Arcos Velázquez, llevaron a cabo el acto protocolario de toma de protesta de varias de las integrantes de las secretarías al interior de la OMNPRI estatal.

Estuvo también presente la secretaria general del Comité Directivo Estatal, Kenia Duran.

En el acto celebrado en el edificio de la Dale de la capital, la líder nacional se lanzó en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, del que dijo, es el que más ha atentado contra los derechos de la mujer, quitando las estancias infantiles y el seguro para las madres jefas de familia.

Aldonza González, que representa la posición que tiene Ciudad Juárez al interior del equipo del Comité Estatal de ese partido político, sigue ‘picando piedra’ y busca una oportunidad para consolidar objetivos y llegar bien al proceso electoral de 2024.

Obvio que tendrá que hacer mucha chamba en Ciudad Juárez para sumar a las mujeres que necesita ese partido político.

Y hablando en plata, de los resultados que presente Aldonza, sus posibilidades de liderazgo y crecimiento político.

Nadie cuestiona su capacidad y liderazgo en los negocios en Ciudad Juárez, pero la empresaria tendrá que hacer algo más, si verdaderamente quiere seguir escalando en el mundillo de la política.

 

Bienestar Social, se deslinda de fraudes

La delegación regional de Bienestar Social en Ciudad Juárez, ya marcó su ‘raya’ para deslindarse de prácticas abusivas y de presuntos fraudes que se endosan a una fundación que utiliza ese mismo nombre, de Bienestar Social.

En la precampaña política del ex candidato a gobernador por el partido de Morena, Juan Carlos Loera, otra agrupación con el mismo nombre, pero constituida como Asociación Civil, hizo chamba política a favor del ex candidato a gobernador, pero esa agrupación de Bienestar Social, tampoco tiene nada que ver con la nueva “fundación” que dicen, se va recio con los intereses y préstamos a los incautos solicitantes de dinero.

Por lo pronto se prende ‘alerta roja’ sobre el negocio que opera en la Plaza Grande de avenida de la Raza, que presuntamente es propiedad del ex alcalde de Juárez, Gustavo Elizondo Aguilar.

Ya la delegación de Bienestar Social del gobierno de México, se deslindó de esa fundación de “Bienestar” que tramita créditos y préstamos, engañando a medio mundo.

La dependencia federal comandada a nivel estatal por Loera, hizo un llamado a la población para que no se deje engañar por supuestas organizaciones o fundaciones que utilizan el nombre de “Bienestar” para otorgar préstamos económicos y otra clase de ayuda.

Y ya sacó la cara, Elizabeth Guzmán Argueta, delegada regional, para advertir sobre las prácticas de la fundación que igualmente, lleva el nombre de “Bienestar Social”.

“Queremos aclarar que ni la Secretaría del Bienestar, ni ninguno de sus programas tiene relación alguna con dicha fundación”, comentó la funcionaria de los programas sociales del gobierno.