Opinión

 

• ‘Chingadazo’ a Cabada, va seco y sin saque
• Obreros de la maquila, a bordo del Juarezbús
• Protegen a contratista ‘estrella’ de Corral y Duarte
• El inquilino de Palacio de Cobián, dará ‘línea’…

 

‘Chingadazo’ a Cabada, va seco y sin saque

La mira puesta en el proyecto político denominado ‘Chihuahua’, provocó ayer el primer cisma político al interior del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la denuncia presentada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por parte de la política y síndica del actual gobierno de Morena, Esther Mejía, que solicitó la apertura de una investigación en contra del ex presidente de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, por presuntos actos de corrupción en los últimos tres años de su gestión.

El solo antecedente de la denuncia presentada en la Ciudad de México por parte de la ex diputada federal, en contra del ahora legislador federal de su propio partido político (Morena), debió convulsionar a toda la clase política de Chihuahua, especialmente al delegado del gobierno federal, Juan Carlos Loera y al presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, sobre un presunto daño al erario público por 205 millones 232 mil 543 pesos, por el arrendamiento de 400 patrullas durante el último período de gobierno (2018-2021) del entonces candidato independiente de Juárez.

Hay intereses en el proceso de la sucesión presidencial de 2024, y alguien con poder, le mueve el tapete al ex alcalde independiente de Juárez, que buscaría una candidatura al Senado antes de la gran elección a gobernador de Chihuahua en 2027.

El asunto ventilado en la Fiscalía de Combate a la Corrupción, empero, llega en el momento menos oportuno para el partido político en el poder, a unos días del ejercicio de la revocación de mandato, que exigiría un Juicio de Desafuero en la Cámara de Diputados en contra del diputado federal plurinominal, Armando Cabada.

La denuncia de Esther Mejía en el altiplano atendió a un asunto de competencia federal, debido a que el pago del contrato se efectuó con recursos federales provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

Pero le cuento que, sin embargo, nadie cree que la Síndica del gobierno de Ciudad Juárez, sin menoscabo de su capacidad, independencia y lealtad al partido de Morena, se haya aventado el tiro ella solita y sin consulta alguna, en contra del ex conductor de la televisión;

Que fue apoyado por el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, que tras una reunión a puerta cerrada en las oficinas de gobierno del ‘Pueblito Mexicano’ lo designó en 2016 para ser el candidato independiente -a la postre ganador en la elección constitucional de ese año-, en contra del candidato oficial del PRI, Héctor ‘Teto’ Murguía.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, se involucra también como presuntos responsable, además del ex alcalde Armando Cabada, a Roberto Rentería Manqueros, secretario del Ayuntamiento, a Gerardo Ronquillo Chávez, Tesorero, a Víctor Manuel Ortega Aguilar, Oficial Mayor y a la entonces regidora Rosario Valadez Aranda, coordinadora de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento.

La síndica Esther Mejía, que había transitado en bajo perfil durante los primeros meses de la actual administración, acompañando al presidente municipal en actos oficiales y tendiendo apoyos a ciudadanos de bajos recursos en las colonias populares de Juárez, responsabiliza de actos de corrupción al ex alcalde y actual diputado federal de la sexagésima quinta legislatura en la Cámara de Diputados por el fallo a favor de la LUMO Financiera del Centro S.A de C.V., SOFOM, E.N.R con quienes se firmó el contrato DCA/SSPM-084-A/2018.

El gobierno municipal pagó 593 millones 41 mil 978 pesos por el arrendamiento y servicio de 400 patrullas.

En el contenido de la denuncia, la actual funcionaria del gobierno que pertenece al mismo partido político, al que recién se incorporó Armando Cabada con el apoyo del presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, sostiene que los servicios de arrendamiento no se cumplieron porque el promedio de patrullas se mantuvo en 244 unidades mensuales, y no en las 400 por lo cual se erogaron millonarios recursos.

Pero, además, con el detalle de que el alquiler de las unidades, pactada en el contrato a partir del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021, solo permaneció vigente unos cuantos meses.

“Nunca señalaron el incumplimiento del contrato. Dicho cálculo aritmético nos da un total de 244 vehículos patrullas por mes en servicio, lo cual nos indica que en la mayor parte del arrendamiento siempre hubo incumplimiento del contrato. Pero el Municipio nunca señaló dichas irregularidades”, denunció la síndica.

En términos sencillos y llanos, el gobierno pagó 2.3 millones de pesos por cada patrulla y no 1.4 millones por cada una de las unidades, en conformidad con los cálculos previstos en el reporte de las auditorías que fueron practicadas.

La ex diputada federal en la anterior legislatura, dijo que para acreditar la acusación por el delito de peculado, la denuncia fue acompañada de un expediente con pólizas de pago, la cuenta de cheque de las cuales se pagaba, copia de los cheques y notas de remisión por los tres años de contrato, entre otros comprobantes contables y fiscales.

 

Obreros de la maquila, a bordo del Juarezbús

Que los trabajadores de la maquila se suban a las unidades de Juarezbús y abandonen las concesiones y los cientos de camiones que dan servicio de transporte especial a las empresas de manufactura, es una condición “sine qua non” para la operación y virtual utilidad del controvertido y millonario proyecto del sistema de transporte semimasivo BRT-2.

Sin los obreros a bordo, el proyecto de inversión de transporte, de entrada, es un completo y monumental fracaso. Se oye feo, pero esa es la realidad.

Los ejecutivos de las plantas de la industria maquiladora tendrán que cancelar futuros contratos por el servicio especial que prestan los concesionarios de transporte para garantizar que los trabajadores sean trasladados de su casa a las naves industriales y centros de trabajo.  

Más de medio millón de trabajadores pertenecientes a la industria maquiladora y a los sectores del comercio y de servicios en la frontera, tendrán que ‘montarse’ en el proyecto de transporte semi-masivo ejecutado y dejado ‘a medias’ durante el gobierno de Javier Corral, y de ello, dependerá el éxito parcial y la operación y viabilidad financiera de un sistema que todavía es más complejo;

El sistema de ocho rutas -de las cuales apenas se han construido tres-, una en el Eje Vial Juan Gabriel, y en las avenidas Tecnológico, Paseo Triunfo y 16 de septiembre, y en la avenida Manuel Gómez Morín, requerirá de varios miles de millones de pesos más para la continuidad de seis rutas restantes y 20 rutas alimentadoras adicionales con una mega inversión que requerirá todo el apoyo del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador.

¡Que ironía!, la enorme masa trabajadora de Juárez que debe ser movilizada en ese controvertido sistema de transporte que ha generado la inconformidad de algunos grupos de ciudadanos -que no paga el Impuesto Sobre la Renta (ISR), por no ser sujetos causantes, como consecuencia de que no ganan más de 6.4 salarios mínimos equivalentes a 49 mil 985 pesos mensuales-, además de que tampoco no todos pagan el IVA, requiere de un acuerdo presidencial y el ‘sacrificio’ de los concesionarios que hoy mueven en camiones escolares a los cerca de 400 mil trabajadores de la maquila.

Andrés Carbajal Casas, ex subsecretario de obras públicas en la frontera norte, dijo que el delegado del gobierno federal, Juan Carlos Loera, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos y el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar deben solicitar al gobierno del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador un acuerdo para lograr un empréstito de millonarios recursos ante FONADIN, a fondo perdido, para el seguimiento y conclusión de un ambicioso proyecto que tiene que mover a toda la clase trabajadora de Juárez.

En el proceso de transición del transporte y la cancelación de los servicios especiales que prestan centenares de unidades de ‘transporte especial’ a la maquiladora;

Que literalmente ‘asfixian’ el tránsito en toda la ciudad, se debe garantizar que el transporte público es patrimonio del gobierno y no de un puñado de concesionarios que se benefician de las aportaciones millonarias que paga la industria maquiladora, a cambio de un servicio ineficiente y que no es digno de la clase trabajadora de Ciudad Juárez.

Los obreros de la maquiladora tendrán que subirse al ‘Juarezbús’, es una condición sine qua non.

Sin ellos, todo el sistema de transporte se va al fracaso y las obras que exprofeso han sido ejecutadas y que han costado miles de millones de pesos se convierten en ‘elefantes blancos’.

 

 

Protegen a contratista ‘estrella’ de Corral y Duarte

Desde las esferas del Poder Judicial, el gobierno de Chihuahua de María Eugenia Campos protege al contratista ‘estrella’ de los gobiernos de Javier Corral Jurado y de su antecesor, César Duarte Jáquez.

Se trata del ingeniero José Luis Anguiano Ochoa, propietario de la constructora ANGLO S.A de C.V., viejo referente de corrupción en Torre Fuerte, a quien el anterior gobierno de César Duarte le concedió participación en una de las licitaciones de obra pública del multicitado “Centro de Convenciones y Exposiciones” que se había planeado en terrenos del desaparecido Hipódromo y Galgódromo de Juárez, a cambio de que el ganador, Gerardo Bonilla Morales, propietario de Urbanizaciones y Construcciones BCH, compartiera con Anguiano las ganancias derivadas de un millonario contrato.

Anguiano Ochoa, es el mismo sujeto, a quien a pesar de contar con antecedentes penales y una vinculación a proceso en los tribunales, el gobierno de Javier Corral le entregó de la mano del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SCOP), Gustavo Elizondo Aguilar, la ejecución de obras del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) en el que se invirtieron 240 millones de pesos, de una propuesta presentada a favor de los intereses de la empresaria Alejandra de la Vega Arizpe, y cuya obra utilizó presuntamente de manera ilegal, recursos del Fideicomiso de Puentes Federales y también aportaciones del Fondo Mixto de Conacyt.

Anguiano Ochoa, administrador único de la empresa ANGLO, le arrebató el control para la ejecución de la licitación pública LO-908009996-N11-2014 correspondiente a la construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones de Juárez, que había ganado en el proceso de licitación la empresa constructora BCH que administra y dirige Francisco Gerardo Bonilla Morales.

En septiembre de 2015, el ex titular de Obras Públicas en el gobierno de Chihuahua, se reunió con Bonilla para proponerle que permitiera que Constructora ANGLO se hiciera cargo del proyecto a cambio de ser beneficiado con el 5 por ciento del convenio, 4.9 millones de pesos.

Le pidió entonces que, a cambio, facturara y emitiera documentos como si en verdad su compañía estaba realizando el proyecto.

La obra fue licitada inicialmente por un monto de 46 millones 719 mil 387 pesos pero después se asignaron 52 millones 999 mil 651 pesos por supuestas modificaciones no contempladas.

En medio de esos vericuetos se presentaron denuncias y Anguiano Ochoa fue vinculado a proceso penal, pero por la presunta protección de “arriba” en el Poder Judicial jamás hubo resolución de la vinculación.

El caso fue presumiblemente archivado, y hoy se sabe después de varios años que el propietario de Urbanizaciones y Construcciones BCH, Francisco Gerardo Bonilla, ha sido amenazado y extorsionado.

Es una historia judicial que detona en un momento oportuno, y que apunta a la corrupción de jueces en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

La carpeta de investigación por los posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho, así como una denuncia por la vía mercantil continúan abiertos en contra de la Constructora ANGLO, pero nadie, absolutamente nadie ha movido un solo dedo.

En octubre de 2018, el Juez de Control Adalberto Contreras Payan dictó auto de vinculación a proceso en contra de José Luis Anguiano Ochoa por los delitos de uso ilegal de funciones y facultades y fraude procesal.

Hoy poco más de tres años de aquella sentencia, ha trascendido que es una jueza la que protege de cabo a rabo al insigne contratista ‘estrella’ de la obra pública en Ciudad Juárez.

El inquilino de Palacio de Cobián, dará ‘línea’…

Viene a Ciudad Juárez el secretario de Gobernación del gobierno de la 4T, Adán Augusto López y cumplirá con dos propósitos políticos.

El también funcionario y presidenciable en la lista de sucesión de 2024, le ‘pagará’ la visita hecha por la gobernadora panista María Eugenia Campos, que acudió al Palacio de Cobián en septiembre de 2021, y viene a supervisar a Chihuahua y el proceso de revocación que llevará a cabo el gobierno federal el próximo 10 de abril.

La buena relación entre el titular y responsable de la política interna del gobierno federal con la gobernadora de Chihuahua, es incuestionable.

Gracias a los oficios políticos de ambos, y a los acuerdos convenidos, se logró liberar a los productores del campo que habían sido detenidos por parte del gobierno federal a causa de la llamada ‘guerra’ del agua de las presas en Chihuahua, por lo que la relación camina, literalmente, sobre ruedas.

Pero trasciende en los mentideros políticos de la capital, que el hombre segundo de a bordo del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, viene a darle ‘línea’ a Chihuahua en los asuntillos relacionados con el proceso de revocación de mandato.

El gobierno del presidente de México, quiere saber hasta dónde están los compromisos de la joven gobernadora panista, que también, por cierto, es ‘candidateable’ entre los suspirantes del Partido Acción Nacional, a la presidencia de la República.

El inquilino de Gobernación viene a sondear y a estrechar y sellar lazos y compromisos políticos.

Seguramente que los asuntos de los ex gobernadores de Chihuahua, Cesar Duarte y Javier Corral, tampoco escaparán al interés de quien es el titular de Gobernación.

Oficialmente, y contado por Juan Carlos Loera, Adán Augusto López visitará el estado de Chihuahua y atenderá asuntos relacionados con el gobierno federal y la delegación en Chihuahua, y se reunirá con la gobernadora María Eugenia Campos.

El señor Lopez no viene de a ‘gratis’, ni tampoco en calidad de turista, trae agenda y asuntos no menos importantes para el estado de Chihuahua.