Se manifiestan en la Presidencia Municipal por el proceso de un ex agente policiaco.
La mañana del lunes, integrantes de la familia LeBarón se manifestaron en la Presidencia Municipal para exigir la renuncia del alcalde y del secretario de Seguridad Pública, luego de que un ex agente de la Policía Municipal es procesado por su presunta participación en la masacre registrada en 2019, que afectó directamente a esta estirpe.
Julián LeBarón precisó que el propósito de su arribo a la Presidencia Municipal es enterar a los juarenses sobre el peligro que corre la comunidad, por la detención de una persona señalada como participante del asesinato de mujeres y niños en el año 2019, pues se desempeñaba como Policía Municipal apenas hace un año.
La exigencia se extendió a la gobernadora del estado, para que proceda a la destitución de funcionarios y se finquen cargos a los responsables de poner en peligro a las familias juarenses por emplear a personas dedicadas a los grupos delincuenciales como agentes de la policía.
Por su parte, Adrián LeBarón detalló que el acusado ya es procesado por varios delitos y pese a ello fue contratado como Policía Municipal; y enfrenta cargos de homicidio, homicidio calificado en grado de tentativa, feminicidio, feminicidio en grado de tentativa y terrorismo.
Apuntó que la Familia LeBarón no será cómplice con el silencio y están a la espera del avance en las investigaciones del caso, pues aún falta procesar a 60 personas señaladas como participantes de la masacre; y actualmente van 36 detenidos, pero no se ha dictado ninguna sentencia condenatoria.
Minutos después, los integrantes de la Familia LeBarón fueron atendidos por el secretario del Ayuntamiento Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien escucho las exigencias de los manifestantes, enfocadas principalmente al refuerzo de la depuración de las corporaciones policiacas y detectar a tiempo la presencia de presuntos criminales como agentes de Seguridad Pública.
Los manifestantes aseguraron que seguirán en la exigencia de justicia y clamaron por una mayor transparencia de las autoridades mexicanas, por lo que no descartan la posibilidad de acudir ante instancias internacionales.