Artistas, intelectuales y en general la comunidad intelectual de la entidad, levantan la voz para exigir no se elimine la Secretaría de cultura del Estado y se borre el avance que este sector ha tenido en los últimos años en beneficio de la comunidad en general
El 13 de agosto de 2021, la gobernadora electa María Eugenia Campos, presentó una iniciativa al Congreso del Estado de Chihuahua para implementar una reingeniería del Gobierno del Estado, en donde entre varias cosas, resalta la desaparición de las secretarías de Cultura y de Desarrollo Municipal, funciones que se fusionarían con otras dependencias. Convirtiéndose de esta forma a la actual Secretaría de Cultura en un Instituto desconcentrado de la Secretaría de Cultura y Deporte; es decir, la creación del Instituto Chihuahuense de la Cultura, dependiente de la que sería la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.
Ante esto la interrogante que podríamos plantear sería: ¿Implica la creación (de nueva cuenta) de un Instituto Chihuahuense de Cultura, un retroceso en el avance de la cultura en el estado, de las políticas culturales, los programas artísticos, las y los creadores, las y los artistas, la comunidad cultural en general?
La iniciativa de la próxima Gobernadora cita a la letra: “Una mejor distribución de actividades representa un más eficiente desempeño y atención de los temas prioritarios que le competen al gabinete gubernamental”.
¿Es la cultura un tema prioritario para la siguiente administración? Estamos hablando de un organismo que en administraciones anteriores era un descentralizado con presupuesto y patrimonio propio, que a su vez pasó a ser una secretaría estatal instrumentada bajo el amparo de las leyes antes mencionadas, dotada de facultades, estructura, programas y presupuesto para su cumplimiento, para pasar a ser de nueva cuenta un instituto, pero esta vez desconcentrado es decir, dependiente completamente en sus atribuciones y bajo la sombra de otra secretaría, que ahora deberá dirigir los esfuerzos de la educación, el deporte y además, encargarse de la defensa y vigilancia de los derechos culturales en la entidad.
La decisión no parece responder a un tema financiero, pues el destino que se decida, implica necesariamente dotar de recursos al área para operar teatros, museos, centros culturales, bibliotecas. ¿Quién dirigirá ahora la política cultural? ¿con qué criterios? Y sobre todo partiendo que en la misma iniciativa se plantea la creación de la Secretaría de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete. ¿Será que el secretario de educación descuide su tarea para atender los temas del patrimonio tangible e intangible?
El estado de Chihuahua tiene un marco jurídico robusto, que ha sido tomado como ejemplo para otras entidades; las leyes promulgadas están alineadas a la constitución y a la ley general de derechos culturales. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de los chihuahuenses es una tarea que le corresponde al sector cultural, pues al sector educativo le corresponde velar por otros derechos.
La iniciativa presentada por la gobernadora electa no tuvo consenso alguno con la comunidad cultural; durante el periodo electoral no hubo mención al tema cultural, ni acercamiento con la comunidad.
En un contexto como el que vivimos actualmente no se deberían eliminar instituciones que son fundamentales para el desarrollo de las sociedades, no al menos sin una serie de razones de peso, y sin el consenso, pues esto afecta la gobernanza y la sostenibilidad de un sector que durante esta pandemia ha evidenciado su fragilidad. Las instituciones culturales no solo dan certidumbre al sector cultural, también son un mensaje para la sociedad, en el que se deja ver el interés y la voluntad del estado por sus derechos, en este caso los culturales.